José Luis Cabezas, reportero gráfico de la Editorial Perfil, fue asesinado el 25 de enero de 1997 en Pinamar, Provincia de Buenos Aires. Su cadáver esposado, con evidencias de haber recibido una golpiza y con dos disparos en la cabeza, fue encontrado dentro de su vehículo incinerado en un camino rural. A la fecha de su muerte, cubría para la revista Noticias la temporada del centro de veraneo de la clase política y empresaria.

La investigación del homickidio estuvo entorpecida por el propio accionar policial,
que destruyó abundantes pruebas e introdujo otras falsas, irrelevantes o confusas; por inadmisibles presiones políticas y por una limitada y pusilánime instrucción judicial. La conmoción y movilización social que causó el homicidio obligaron a avanzar una investigación que estaba destinada a no descubrir nada.

En septiembre de 1998, ARGRA denunció públicamente:

• Que el objetivo buscado con el secuestro de José Luis Cabezas era su muerte.
• Que el crimen fue por encargo, y “comprado llave en mano”.
• Que integrantes del grupo mandante participaron del seguimiento, secuestro y asesinato en funciones de dirección y control.
• Que las maniobras de encubrimiento se inician con la “zona liberada” para cometer el homicidio, la destrucción de las pruebas y el armado de falsas imputaciones.
• Un elemento insoslayable para dar con los autores materiales e intelectuales era desenmascarar y castigar el encubrimiento, que ayudaría a llevar a los mandantes del crimen.
• Notorias y públicas injerencias políticas llegaron a frenar o distraer las investigaciones.

Luego de una intensa presión y actuación, recién para esas fechas ARGRA logró ser tenida como parte querellante en el juicio, cuando la etapa de instrucción estaba concluida y consolidada. Aún así, sus solicitudes no fueron tenidas en cuenta por el juez instructor, y se desechó su pedido de convocar a un fiscal extranjero para realizar una auditoría independiente sobre la investigación.

Con todas estas limitaciones, la instrucción elevó a juicio una causa compleja, confusa, sospechada de vicios, con una acusación limitada y tendiente a instaurar una “verdad oficial”. Las audiencias públicas se llevaron a cabo entre diciembre de 1999 y febrero de 2000.  

El juicio oral culminó con ocho condenas por el delito de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte en concurso ideal por el homicidio agravado de José Luis Cabezas. Fueron condenados: Gregorio Ríos (ex – jefe de la custodia del empresario Alfredo Yabrán, quien ordenó el asesinato y se suicidó en mayo de 1998), como instigador; Gustavo Prellezo (oficial de la policía bonaerense y reclutador del grupo operativo), como autor material; Sergio Rubén Cammaratta y Aníbal Luna (oficiales de la policía bonaerense y responsables de asistir al grupo operativo) como partícipes primarios; y José Luis Auge, Horacio Anselmo Braga, Sergio Gustavo González y Miguel Retana (integrantes del llamado grupo de “Los horneros”, ladrones reclutados como mano de obra), también como partícipes primarios. Las penas iban de reclusión por tiempo indeterminado a prisión perpetua, las mayores posibles dentro del código penal. Con excepción de Miguel Retana, fallecido en prisión, y Gustavo Prellezo, único con sentencia firme, el resto ha encontrado el camino de la libertad a través de una inconcebible demora judicial en revisar y confirmar sus condenas. El ex – comisario Alberto Pedro Gómez, condenado en juicio posterior como responsable de haber ordenado la “zona liberada” que facilitó el secuestro y homicidio, también está pronto a gozar de los privilegios de la mora judicial.

En sus presentaciones, ARGRA reclamó la investigación y condena de un grupo de personas que fueron identificadas como participantes del seguimiento y crimen de Cabezas, o responsables de encubrir el crimen y desviar la investigación. En una extensa presentación ante la Cámara de Apelaciones de Dolores, ARGRA solicitó la profundización de las investigaciones sobre la actuación de ocho miembros de la policía bonaerense durante el seguimiento y homicidio; y de otros siete funcionarios y oficiales sospechados de haber entorpecido y desviado la investigación. Esas actuaciones nunca avanzaron ni llegaron a resultado alguno.

A la fecha, a casi 7 años de la sentencia condenatoria, ésta aún no se encuentra firme. Hasta para los morosos tiempos judiciales argentinos, un tiempo inconcebible. Primero la Cámara de Casación de la Provincia demoró sin justificativo alguno una primera apelación. Al pronunciarse, ratificó las responsabilidades de los condenados, pero redujo artificialmente las condenas, lo que permitió que todos los condenados, a excepción de los ya citados Prellezo y Retana (y este sólo por causa de muerte prematura) fueran ganando la libertad por vencimiento de plazos de prisión sin condena firme. Desde entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no ha podido abocarse a analizar el caso, por el que el miles y miles de ciudadanos, año tras año, exigieron justicia, y que causó una conmoción social sin precedentes.

A diez años del asesinato de nuestro colega, y habiendo bregado sin descanso por llevar paz y justicia a su memoria, sus compañeros reporteros gráficos suscriben una vez más su compromiso, porque

No hay democracia sin justicia
No hay justicia sin verdad
No hay verdad sin memoria

NO SE OLVIDEN DE CABEZAS

Comisión Directiva ARGRA
enero de 2007